Trabajadores exigen a la Gestora devolución de aportes hasta diez mil bolivianos
Ante el complejo panorama económico que atraviesa el país, ha resurgido la demanda por una nueva devolución de los aportes previsionales. El Movimiento de Emergencia Nacional para la Devolución de Aportes para la Jubilación, una organización que cobró relevancia durante la pandemia, ha intensificado sus gestiones, buscando ofrecer un respiro financiero a las familias afectadas.
La organización insta a la Gestora Pública a facilitar esta devolución, expresando preocupación por la supuesta disposición de recursos del fondo de pensiones sin garantías claras de su retorno. Se ha enfatizado la necesidad de una devolución del cien por ciento de los fondos para aquellos afiliados con saldos modestos, generalmente inferiores a 5.000 o 10.000 bolivianos. Este grupo, a menudo compuesto por individuos entre 45 y 50 años, enfrenta significativas dificultades para reinsertarse en el mercado laboral, lo que hace inviable acumular los montos necesarios para una jubilación digna. Por ello, se considera imperativa la restitución total de sus aportes.
Existe una profunda inquietud por la falta de transparencia en torno a los términos bajo los cuales la Gestora Pública habría realizado préstamos con los fondos de pensiones. Se ha señalado la existencia de transferencias de recursos al Tesoro General de la Nación (TGN) y un préstamo pendiente al Banco Fassil, sin que se haya confirmado la devolución de estos montos hasta la fecha.
Adicionalmente, se propone la creación de un mecanismo de crédito para ex-aportantes o personas con saldos elevados, superiores a 100.000 bolivianos. La iniciativa sugiere que estos individuos puedan acceder a préstamos equivalentes al cincuenta por ciento de su capital acumulado, utilizando el cincuenta por ciento restante como garantía. Otro punto central de las demandas es la modificación o incluso la derogación de la Ley de Pensiones 065, considerada perjudicial para los trabajadores activos, ex-aportantes y los jubilados en el país.
Se ha criticado la aparente indiferencia gubernamental ante estas solicitudes, a pesar de que un amplio sector de la población enfrenta serias dificultades. La actual crisis económica, caracterizada por el aumento en los precios de los productos de la canasta familiar, la escasez de combustible y la fluctuación del tipo de cambio del dólar, impacta desproporcionadamente a quienes dependen de ingresos diarios. Además, la prevalencia de contratos eventuales sin acceso a beneficios sociales ni aportes jubilatorios agrava la vulnerabilidad de muchos trabajadores. Se ha manifestado que las protestas pacíficas en demanda de estos fondos a menudo son respondidas con represión policial.
Meses atrás, esta organización presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB) con el fin de viabilizar la devolución de los aportes. Aunque la propuesta inició su trámite, un cambio de comisión legislativa obligó a su reapresentación, y hasta la fecha no se ha obtenido una respuesta definitiva. Los promotores de la iniciativa fundamentan su pedido en el Artículo 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), que contempla la posibilidad de acceder a la devolución de aportes previsionales en situaciones excepcionales como pandemias, epidemias, enfermedades graves o desempleo.
En un esfuerzo por lograr sus objetivos, el Movimiento de Emergencia ha llevado sus propuestas, que incluyen la modificación de la Ley de Pensiones y la devolución de aportes, a diversos candidatos de organizaciones políticas. Estas iniciativas, que tienen sus raíces en el departamento de Tarija y la Región Autónoma del Gran Chaco, han generado interés en algunos aspirantes presidenciales, quienes han manifestado su intención de sostener reuniones para evaluar la viabilidad de las demandas planteadas
