Sector Salud de Tarija protesta por bono vacunación impago y acusa falta de fondos a Gobernación
La tensión entre el sector de la salud y la administración departamental de Tarija escaló esta semana, manifestándose en una jornada de protesta que incluyó una marcha y un paro de 24 horas. La principal demanda de los trabajadores es el desembolso del bono vacunación, un beneficio que, según lo establecido, debió haber sido abonado el 6 de julio y que permanece pendiente. La movilización recorrió las calles hasta alcanzar las inmediaciones de la Gobernación, donde los manifestantes expresaron su descontento por lo que consideran un derecho legítimo y postergado. Por su parte, el gobierno departamental ha reiterado la insuficiencia de fondos para afrontar esta obligación.
El representante del Sindicato de Trabajadores en Salud, quien lideró la medida de fuerza, lamentó el incumplimiento de una normativa legal que ampara un derecho consolidado por más de tres décadas. Subrayó que las condiciones laborales en el ámbito de la salud persisten en un estado de precariedad. A pesar de no estar cubiertos por la Ley General del Trabajo, los profesionales y el personal han sostenido con dedicación la operatividad del sistema de salud público en la región. En este contexto, el bono se percibe como una compensación esencial por el esfuerzo desplegado, particularmente durante la pandemia y sus repercusiones.
El dirigente enfatizó que no se permitirá que la Gobernación vulnere este derecho. Afirmó que catorce sindicatos, que agrupan a más de 1.600 trabajadores, se mantienen firmes en esta lucha y están preparados para recurrir a las instancias legales pertinentes en defensa de este beneficio.
Desde la Gobernación, la respuesta ha sido consistente: la carencia de recursos financieros. La secretaria de Desarrollo Humano explicó que el pago del bono demandaría un monto de 8 millones de bolivianos. Esta cifra representa el 40% del presupuesto mensual del departamento, que asciende a aproximadamente 20 millones de bolivianos. La funcionaria advirtió que concretar este pago implicaría comprometer la continuidad de otros programas sociales fundamentales, como las canastas alimentarias destinadas a personas mayores o con discapacidad.
Reconoció que la actual gestión departamental enfrenta dificultades para cumplir con sus compromisos debido a un entorno económico adverso, señalando que las condiciones actuales difieren significativamente de las de una década atrás. En este sentido, instó al sector de la salud a mostrar comprensión ante la delicada situación económica que atraviesa la administración departamental.
La secretaria insistió en que la responsabilidad de este pago debería recaer en el Gobierno nacional, argumentando que se trata de un bono vinculado a políticas sanitarias de alcance estatal. El gobernador ya había expresado semanas atrás que el bono vacunación constituía un compromiso de difícil cumplimiento, aduciendo la falta de fondos necesarios y la pertinencia de que este tipo de beneficios sean asumidos por el nivel central del Estado. El Gobierno Departamental ha alertado que el desembolso comprometería otros programas sociales y exige que la administración nacional asuma la responsabilidad correspondiente. Los trabajadores, por su parte, no descartan emprender acciones legales
