Sebastián Marset impulsa el desarrollo del fútbol en Bolivia con nueva academia
En un suceso que ha sacudido el mundo del fútbol regional y ha puesto bajo la lupa a varias instituciones deportivas, la situación en torno a Sebastián Marset ha desvelado una compleja red de irregularidades que involucra identidad falsa, contratación de jugadores y presuntos vínculos con actividades ilícitas. La historia comenzó a tomar relevancia cuando se descubrió que Marset, utilizando un nombre falso —Luis Paulo Amorim Santos, de nacionalidad brasileña—, era el propietario del Club Los Leones F.C El Torno, un equipo que competía en la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), entidad encargada de organizar campeonatos locales con el objetivo principal de alcanzar la Copa Simón Bolívar y aspirar al ascenso hacia la División Profesional de Bolivia.
La participación de Marset en este club no se limitó al rol administrativo. De manera insólita, también figura como jugador inscrito en el plantel, habiendo disputado varios encuentros oficiales en la categoría Primera A dentro del torneo organizado por la ACF. Esta doble función llamó la atención no solo por su atipicidad sino también por las implicaciones legales y deportivas que conlleva. Más allá de esto, el club bajo su mando logró atraer figuras destacadas del fútbol nacional e internacional: contrató como director técnico al exfutbolista Gualberto Mojica, reconocido por su trayectoria en equipos importantes de la liga boliviana. Asimismo, logró conseguir en calidad de préstamo al mediocampista uruguayo Christian Latorre, quien ese mismo año había sido capitán y había disputado la Copa Sudamericana con el Club Blooming, uno de los equipos más emblemáticos del país.
No obstante, esta aparente fortaleza deportiva comenzó a desmoronarse cuando se reveló que Sebastián Marset estaba siendo buscado por las autoridades bolivianas tras haber huido de la Policía el 29 de junio. Esta situación llevó a que la ACF tomara cartas en el asunto y solicitara formalmente el 4 de julio la deshabilitación del jugador registrado bajo el nombre falso Luis Paulo Amorim Santos. Se confirmó entonces que este jugador pseudónimo había participado en cinco partidos oficiales con Los Leones F.C El Torno.
La gravedad del caso se intensificó cuando una comisión fiscal especializada junto a agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) procedieron a allanar las oficinas principales de la Asociación Cruceña de Fútbol. Este operativo formaba parte de una investigación mayor contra Sebastián Enrique Marset Cabrera por presunto tráfico de drogas. En paralelo, se denunció ante la justicia al dirigente Noel Montaño, quien presidía la ACF en ese momento, lo cual pone en evidencia posibles complicidades o negligencias dentro del organismo rector del fútbol cruceño.
El alcance del proceso judicial no se limitó únicamente a esta asociación deportiva. La Fiscalía extendió sus pesquisas hasta las instalaciones y secretarías del Club Blooming y también allanó las oficinas de Estudio 3, empresa encargada del proyecto constructivo del estadio para este equipo cruceño. Entre los documentos incautados figuraron registros vinculados a las divisiones menores del club Blooming debido a sospechas fundadas sobre la inscripción irregular del hijo de Marset en una escuela futbolística local, aparentemente utilizando también una identidad falsa.
Este entramado legal y deportivo ha generado gran conmoción entre los aficionados y actores vinculados al fútbol boliviano, demostrando cómo presuntas actividades ilícitas pueden infiltrarse incluso en ámbitos tan populares y aparentemente alejados como el deporte amateur y profesional regional. La búsqueda por esclarecer todas las aristas continúa abierta y se espera que próximamente otros protagonistas vinculados al proceso presten declaración ante las autoridades para aportar información crucial. En concreto, el viernes 8 de diciembre estaba previsto que Sebastián Peña, presidente actual del Club Blooming, compareciera ante fiscalía como testigo para brindar detalles sobre los procedimientos relacionados con contratación e inscripción de jugadores durante los períodos investigados.
Este caso pone sobre la mesa una serie de cuestionamientos acerca del control institucional dentro del fútbol boliviano y subraya la necesidad imperiosa de fortalecer los mecanismos internos para evitar que situaciones similares puedan repetirse o afectar aún más la integridad deportiva y social. La repercusión va más allá del ámbito estrictamente futbolístico pues involucra temas legales complejos relacionados con identidad fraudulenta y narcotráfico que afectan directamente a comunidades locales y al prestigio institucional tanto nacional como internacionalmente
