Restricciones presupuestarias obligan a Tarija a reasignar personal de salud y debatir bono de vacunación
La administración departamental de Tarija se enfrenta a severas restricciones presupuestarias, resultantes de una disminución significativa en los ingresos por concepto de regalías. Esta situación, según ha indicado la máxima autoridad departamental, impide el cumplimiento cabal de las transferencias de recursos destinadas a diversos programas y proyectos, lo que ha llevado a la inminente adopción de medidas correctivas.
Una de las acciones prioritarias anunciadas es la reasignación obligatoria de los ítems de personal de salud correspondientes al primer y segundo nivel de atención. Se ha instruido al Servicio Departamental de Salud (Sedes) gestionar esta migración, argumentando que la responsabilidad financiera de estos puestos recae, conforme a la normativa vigente, en el gobierno central y las administraciones municipales. La Gobernación ha manifestado su incapacidad para sostener los salarios de dicho personal médico, una situación que, según declaraciones previas, ha sido objeto de solicitudes de reubicación durante los últimos cuatro años sin recibir una respuesta efectiva. La determinación busca evitar la continuidad de contratos laborales sin el respaldo presupuestario necesario, y se espera que la directriz sea formalizada al Sedes en breve, con la opción de suspender los contratos hasta enero del próximo año, momento en que se reevaluará la asignación de recursos.
Esta decisión ha encontrado una fuerte resistencia por parte del Sindicato Departamental de Trabajadores de Salud. Su dirigente, Omar Velásquez, ha expresado categóricamente que no se tolerarán acciones que menoscaben la estabilidad laboral ni los derechos consolidados de los trabajadores del sector.
En un contexto relacionado, el gremio de salud ha llevado a cabo movilizaciones para exigir el pago del bono de vacunación, un beneficio que asciende a aproximadamente 8 millones de bolivianos anualmente. Este bono es considerado por el sindicato como un derecho adquirido desde hace tres décadas. Velásquez ha subrayado la importancia de este reconocimiento, señalando que representa una compensación parcial para un sector que no está amparado por la Ley General del Trabajo y que, en muchos establecimientos de salud de los tres niveles, opera bajo condiciones laborales precarias.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Humano de la Gobernación, a través de Lourdes Vaca, ha ratificado la inviabilidad económica para cubrir dicho beneficio, aduciendo la drástica reducción de los ingresos departamentales. Vaca ha sugerido que la responsabilidad de este pago debería recaer en el gobierno nacional para aquellos ítems que dependen directamente del Tesoro General de la Nación o de carteras ministeriales. Asimismo, ha instado al sector salud a ajustarse a la actual coyuntura económica, sugiriendo que las unidades desconcentradas, como hospitales y centros de salud, podrían contemplar la inclusión del bono de vacunación en sus propios presupuestos, en función de sus ingresos disponibles
