Minería ilegal arrasa río y amenaza a dos municipios paceños
La región de Larecaja, en La Paz, enfrenta una crisis ambiental y social de proporciones significativas, con las poblaciones de Tipuani y Guanay en el epicentro de desastres recurrentes y una creciente preocupación por el futuro. En Tipuani, los habitantes han soportado una inundación prolongada que se extendió por seis meses, desde diciembre de 2024 hasta principios de julio de este año. El nivel del agua alcanzó el segundo piso de muchas viviendas, obligando a cientos de familias a desplazarse. Un líder comunitario de Tipuani, cuya familia reside ahora en La Paz, relata haber perdido su hogar por tercera vez y haber construido una balsa improvisada para acceder a su propiedad, una situación compartida por numerosos vecinos.
La magnitud de la afectación es considerable, con más de un centenar de familias incapaces de retornar a sus casas debido al riesgo de colapso estructural, producto de las grietas y el daño causado por las aguas estancadas y servidas en los cimientos. Las pérdidas materiales son extensas, abarcando desde enseres domésticos hasta equipos profesionales, sin que hasta la fecha se haya brindado compensación o apoyo por parte de las autoridades municipales, departamentales o nacionales.
A unos 35 kilómetros de distancia, el municipio de Guanay observa la situación con aprehensión. Aunque no ha experimentado inundaciones de la misma escala desde 2024, la memoria de los desbordes del río Mapiri en 2023, que forzaron la evacuación de decenas de familias, sigue presente. La inquietud actual se intensifica por la operación de una empresa que, desde junio de 2024, realiza trabajos ilegales dentro del cauce del río en la zona urbana, con el respaldo de ciertos líderes vecinales. El alcalde de Guanay ha presentado una denuncia penal al respecto, pero esta no ha mostrado avances sustanciales en casi un año.
La causa principal de esta devastación se atribuye a la minería ilegal y descontrolada, una práctica que ha persistido por más de quince años. La deforestación indiscriminada realizada por las cooperativas mineras, junto con el vertido de desechos directamente en los ríos y la ausencia de reposición de suelos, han alterado drásticamente el ecosistema. Paradójicamente, las obras destinadas a prevenir desbordes han elevado el nivel del río por encima del pueblo, impidiendo el drenaje natural del agua y prolongando las inundaciones. Diversas inspecciones realizadas por entidades gubernamentales, incluyendo la Gobernación, la alcaldía, ministerios y la Defensoría del Pueblo, han corroborado esta problemática. Una imagen capturada en marzo de este año, tras una de las riadas más intensas, ilustra la magnitud del fenómeno, mostrando a familias reubicándose en alquileres o construyendo refugios temporales en zonas más elevadas.
Tipuani, con 7.640 habitantes, y Guanay, con 16.323, son parte de los ocho municipios de la provincia Larecaja. A pesar de su clasificación como selva húmeda montañosa con una exuberante vegetación, la economía local depende en un 90% de la minería, gran parte de la cual opera al margen de la ley. Si bien las cooperativas mineras buscan una fachada de legalidad para trámites y negocios, la explotación y comercialización a menudo incumplen las normativas. Expertos en desarrollo laboral y agrario señalan que ninguna actividad minera está exenta de impacto ambiental, un daño que se agrava cuando se eluden las regulaciones. Investigaciones recientes han revelado que el uso intensivo de maquinaria pesada por parte de las cooperativas acelera el agotamiento de las áreas de trabajo.
La falta de transparencia y rendición de cuentas es una constante. En Tipuani, se han denunciado autorizaciones para la destrucción de infraestructura pública, como el vivero municipal, una cancha polifuncional y aulas escolares, para permitir la minería a cielo abierto. No existe un informe oficial sobre el número de damnificados ni sobre la distribución de la ayuda humanitaria enviada por organismos de emergencia. El alcalde de Tipuani ha evitado proporcionar información sobre las cooperativas con licencia o los ingresos por regalías. Una situación similar se observa en Guanay, donde también hay denuncias de actividades mineras en el radio urbano, vinculadas a desmontes y deslaves. Se ha confirmado que las cooperativas pueden devastar una colina en apenas un mes con maquinaria pesada. Además, se ha identificado la participación de capitales extranjeros, principalmente chinos y colombianos, que eluden los procesos legales de constitución de empresas, adjudicación de cuadrículas mineras, licencias ambientales e impuestos, recurriendo a contratos privados con los comunarios.
El alcalde de Guanay ha impulsado acciones legales contra líderes mineros y vecinales involucrados en la explotación del río, advirtiendo sobre el riesgo de futuras inundaciones. A pesar de las denuncias presentadas ante diversas instancias gubernamentales, la percepción es que no hay control efectivo y que podría existir tráfico de influencias. Aunque se ha logrado la detención de uno de los implicados y otros han presentado recursos legales, la minería descontrolada persiste, y los intentos municipales por detenerla han generado disputas y enfrentamientos entre la población.
La situación es crítica, y las proyecciones son sombrías. Un informe presentado en enero de este año por el alcalde de Tipuani ante la Defensoría del Pueblo, cuando la inundación apenas comenzaba, advirtió que, de continuar el ritmo actual de explotación minera, la existencia misma de Tipuani podría verse comprometida en un plazo de tres años, independientemente de cualquier obra de infraestructura.
En un esfuerzo por mitigar el impacto, en enero se revocaron las licencias ambientales de cuatro cooperativas mineras en Tipuani por incumplimiento en la presentación de manifiestos ambientales. Sin embargo, un informe de la Gobernación de La Paz indica que las quince cooperativas que operan en Tipuani incumplen las medidas ambientales, incluyendo la vital reposición de suelos
