Litio en disputa Defensoría frena contratos y Arce advierte bloqueo político
Una reciente determinación judicial en La Paz ha introducido un nuevo matiz de incertidumbre en el ambicioso plan gubernamental para la explotación del litio en Bolivia. Una magistrada agroambiental ha dictaminado la paralización del proceso legislativo de los contratos relacionados con este mineral en la Asamblea Legislativa Plurinacional, respondiendo a una acción cautelar presentada por la institución encargada de la defensa de los derechos ciudadanos.
La resolución judicial condiciona el avance de estos acuerdos en el Parlamento a la realización de un estudio de impacto ambiental estratégico, con especial énfasis en los recursos hídricos, y a la garantía de un proceso consultivo previo, libre e informado con las comunidades de la región. El defensor de los derechos ciudadanos, al solicitar estas medidas, enfatizó la necesidad de proteger los derechos humanos ambientales vinculados a los proyectos de litio en el Salar de Uyuni. Subrayó que, si bien la institución no se opone al desarrollo económico, este debe cimentarse en el respeto irrestricto a los derechos de la Madre Tierra y de las poblaciones locales.
Los convenios afectados por esta medida judicial corresponden a las iniciativas legislativas 170/2024-2025 y 197/2024-2025. Estos fueron suscritos entre la entidad estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y dos consorcios foráneos: la rusa Uranium One Group y la china Hong Kong CBC Invest Limited. Uno de los acuerdos prevé una inyección de capital de 975 millones de dólares para la edificación de una planta de extracción directa de litio y la producción de 4.000 toneladas anuales de carbonato de litio. El segundo pacto, con la firma asiática, contempla una inversión de 1.030 millones de dólares para levantar dos instalaciones industriales en el Salar de Uyuni, con capacidades de 10.000 y 25.000 toneladas por año, respectivamente.
La implicación directa de este dictamen judicial es la interrupción del procedimiento legislativo de ambos contratos. Estos acuerdos ya habían avanzado hasta la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados y estaban listos para ser debatidos en el pleno antes de su remisión al Senado.
La reacción desde la esfera gubernamental fue inmediata. El Presidente del Estado defendió la legitimidad de los convenios, posicionándolos como pilares de una estrategia nacional de industrialización que trasciende la mera exportación de recursos primarios. El mandatario afirmó que la visión es que Bolivia se integre en la totalidad de la cadena de valor, incluyendo la comercialización internacional de las baterías. Atribuyó el freno a una convergencia de intereses entre facciones políticas específicas y la oposición, lamentando que la paralización de estos acuerdos amenaza inversiones que ascienden a casi 2.000 millones de dólares. Asimismo, advirtió sobre la vulnerabilidad de estos acuerdos ante un posible cambio de administración gubernamental en noviembre. Los aspirantes a la presidencia que se enfrentarán en la segunda vuelta electoral han manifestado su intención de no dar continuidad a los pactos; mientras uno de los contendientes afirmó la inviabilidad de tales contratos, el otro anunció su anulación en caso de ser ratificados.
Desde la oposición, un legislador señaló que la interrupción se debe a objeciones legales pendientes que no han sido resueltas. Alertó que el titular de la Cámara Baja deberá retornar la documentación a la Comisión para subsanar las observaciones, so pena de enfrentar cargos por omisión de sus responsabilidades.
La controversia en torno al litio boliviano refleja una confluencia de tensiones ambientales, sociales y políticas. El telón de fondo electoral introduce un factor determinante. En caso de que el Parlamento no ratifique los convenios, la próxima administración gubernamental tendrá la facultad de redefinir o incluso revocar la estrategia de industrialización del litio. De este modo, el Salar de Uyuni se perfila como un epicentro de debate no solo para el desarrollo industrial del país, sino también como un símbolo de la disputa por el rumbo político de Bolivia
