La criminalización de defensores ambientales en Bolivia: un desafío para los Derechos Humanos.
Entrevista con el Defensor del Pueblo sobre la persecución judicial a quienes protegen el medioambiente en el país.
La persecución judicial a defensores de Derechos Humanos y ambientales en Bolivia ha alcanzado niveles alarmantes, poniendo en riesgo la protección del medioambiente y los derechos de las comunidades afectadas. En una entrevista exclusiva, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, aborda la situación actual de criminalización y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La criminalización de las y los defensores de Derechos Humanos y ambientales se ha profundizado en el país a través del ejercicio sistemático de la persecución judicial en el sistema penal a quienes se ponen a favor de la defensa de los DDHH, la naturaleza, las áreas protegidas, los pueblos indígenas y sus territorios, frente al avance del extractivismo. Desde su despacho, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya otorgó una entrevista a ANA para conversar sobre la situación de la criminalización de las y los defensores de DDHH y ambientales, sobre el incumplimiento del Estado boliviano al Acuerdo de Escazú y otros compromisos internacionales y nacionales en materia de Derechos Humanos.
Callisaya afirma que llama mucho la atención que quienes protegen el patrimonio natural como la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía sean perseguidos o enfrenten procesos penales por ejercer su derecho a defender el medioambiente. La Defensoría del Pueblo a través de un pronunciamiento, le ha recordado al Gobierno que las y los defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales no pueden estar sujetos a amenazas, restricciones e inseguridad en el ejercicio de su rol de defensa, a pesar de ello Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha insistido con el proceso penal en contra de 29 mujeres y varones que se pusieron al frente de la defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
Como Defensoría del Pueblo, se busca la plena implementación del Acuerdo de Escazú en el país, realizando actividades para su difusión e interiorización de diversos sectores de la población sobre la temática. El Acuerdo de Escazú, ratificado por Bolivia, establece que todas las personas tienen el derecho de acceder a la información, participar en la toma de decisiones y acceder a la justicia en cuestiones ambientales, sin que ello implique riesgos, amenazas o represalias, y su artículo 9 señala que el derecho de las y los defensores de los Derechos Humanos en asuntos ambientales debe ser garantizado y protegido por el Estado.
En el marco de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se espera que se pueda generar un llamado de atención al Estado boliviano en relación con el proceso penal contra los defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Aunque la CIDH no tiene la facultad directa de influir sobre decisiones judiciales nacionales, sí puede emitir recomendaciones al Estado, como la cesación de la judicialización de los defensores ambientales y garantizando su derecho a la libertad de expresión, seguridad y capacidad para actuar sin miedo a represalias.
La situación en Tariquía refleja un patrón preocupante de incumplimiento de compromisos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y transparencia por parte del Estado. La falta de transparencia en torno a las actividades en la reserva, la falta de consulta previa vinculante y la utilización del sistema penal para escarmentar a defensores de DDHH y ambientales demuestran una vulneración sistemática de derechos fundamentales en el país.
Es crucial que se tomen medidas para garantizar el respeto a los derechos de los defensores ambientales, promover la transparencia en las actividades extractivistas y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas. El Estado boliviano debe cumplir con sus compromisos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, garantizando un entorno seguro y propicio para que las y los defensores de los DDHH en asuntos ambientales puedan actuar sin temor a represalias.
Es fundamental que el Estado boliviano cumpla con sus compromisos internacionales y proteja a los defensores ambientales para garantizar un ambiente seguro y propicio para su labor. La situación en Tariquía es solo un ejemplo de la vulneración sistemática de derechos fundamentales en el país que debe abordarse de manera urgente.
