Gobierno identifica seis municipios y zona en Santa Cruz con potencial conflictividad electoral
El gobierno ha identificado al menos seis municipios y una zona específica en Santa Cruz de la Sierra como puntos de potencial conflictividad, donde grupos podrían intentar perturbar el desarrollo de la jornada electoral programada para el 17 de agosto.
Desde la Viceministerio de Régimen Interior y Policía se ha señalado que se han evaluado estas áreas de riesgo. Por su parte, el Ministerio de Gobierno, en colaboración con la fuerza pública y a través de su Observatorio de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas, está procesando y analizando datos sobre localidades y municipios donde podrían surgir incidentes el día de los comicios. Esta información es crucial para optimizar las operaciones de resguardo del material electoral.
Una evaluación de inteligencia ha permitido definir los municipios con mayor riesgo. Entre ellos se encuentran Villa Tunari, epicentro de las federaciones de cocaleros del Chapare, así como Sacaba, Shinahota y Chimoré. También se han señalado comunidades mineras e indígenas, principalmente en Llallagua, Potosí. En el departamento de Santa Cruz, figuran Yapacaní y la zona del Plan Tres Mil. No obstante, las autoridades han asegurado que existe un plan integral para garantizar la normalidad de las elecciones.
El Tribunal Electoral ha confirmado que se están llevando a cabo reuniones de coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. El objetivo es capacitar al personal en los protocolos de cadena de custodia del material electoral que será utilizado.
Estas medidas preventivas surgen tras manifestaciones de ciertos sectores, incluyendo legisladores, quienes han expresado intenciones de ocupar centros de votación, destruir material electoral, implementar bloqueos y cometer diversas acciones ilícitas para frustrar los comicios. Otro tipo de advertencias se relaciona con la intención de impedir actividades proselitistas en las zonas mencionadas.
Recientemente, la fuerza pública registró declaraciones de la presidenta de una organización política, quien, durante un encuentro masivo en Lauca Ñ con la presencia de un líder político y su dirigencia, afirmó que el 17 de agosto, las autoridades electorales y el gobierno, en lugar de contabilizar votos, podrían enfrentar un desenlace trágico.
En este contexto, se ha detallado que, en el departamento de Cochabamba, se han identificado Ivirgarzama y Entre Ríos como puntos estratégicos para contener la movilización de grupos violentos. Los anuncios de disturbios, se ha indicado, provienen de la presión ejercida por organizaciones sociales que operan como una estructura de poder paralela, exigiendo al Tribunal Electoral la restitución de la personalidad jurídica de su frente político para habilitar la postulación de un líder en la presidencia.
Sin embargo, el trabajo de inteligencia policial ha detectado fisuras internas dentro de la estructura de control de ciertos movimientos políticos, lo que a su vez es un factor de polarización y genera un riesgo de enfrentamientos dentro de las propias poblaciones, como lo ocurrido en Yapacaní. Se ha explicado que esta situación se debe a que algunas comunidades, empresarios, exportadores y productores agrícolas del Trópico de Cochabamba rechazan los conflictos sociales generados por las posturas radicales de ciertos sectores, ya que, además de atentar contra su derecho a elegir libremente, provocan significativas pérdidas económicas.
En este sentido, se ha anunciado que, además de la dispersión geográfica,
