Gobernación remite cartas a legisladores para adecuar noventa leyes clave
El gobierno departamental ha reiterado su imposibilidad de afrontar las demandas económicas actuales, especialmente en lo que respecta a la equiparación salarial del personal de salud con los niveles remunerativos del Ministerio de Salud, debido a la severa escasez de recursos financieros.
En un esfuerzo por abordar esta compleja situación, el ejecutivo departamental ha dirigido comunicaciones individualizadas a cada uno de los legisladores de la Asamblea Departamental. En estas misivas, se solicita una adecuación urgente de la normativa vigente, que abarca aproximadamente noventa leyes, a la actual realidad económica caracterizada por una marcada disminución de los ingresos. La presidencia de la Asamblea ha confirmado la recepción de estas cartas, señalando que una solicitud similar ya había sido presentada al inicio de la presente gestión en el año 2021.
El contenido de estas comunicaciones resalta una disposición legal que exige que los funcionarios de salud, cuyos ítems son gestionados por el gobierno departamental, perciban salarios equivalentes a los que otorga el Ministerio de Salud, montos considerablemente superiores. Si bien el personal afectado ha obtenido una resolución judicial favorable que exige el cumplimiento de esta equiparación, el gobierno departamental argumenta que carece de los fondos necesarios para acatarla, proponiendo en cambio una revisión legislativa que se ajuste a la capacidad financiera actual.
Los legisladores departamentales deberán convocar a una sesión plenaria para analizar la situación planteada y la insistencia del ejecutivo en adaptar la legislación. Gran parte de esta normativa fue promulgada durante un periodo de bonanza económica, impulsado por la exportación de hidrocarburos, una realidad muy distinta a la actual.
Desde la secretaría de Desarrollo Humano del gobierno departamental, se ha enfatizado la necesidad imperativa de ajustar el marco legal a la disponibilidad de recursos presentes. Se ha calificado la situación como muy compleja, recordando que la entidad gestionaba un número significativo de cargos, algunos de los cuales ya han sido reducidos, y se ha planteado la necesidad de que el gobierno central asuma la responsabilidad de financiar ciertos puestos.
Adicionalmente, se ha mencionado la demanda de los trabajadores del sector salud para el pago de un bono por vacunación, cuya falta de cumplimiento podría derivar en la retención de fondos departamentales, lo que agravaría aún más la presión financiera.
Es evidente que la disponibilidad de recursos económicos es limitada, y estos desafíos deben abordarse con celeridad, especialmente en el ámbito de la salud. La situación no es exclusiva de este departamento, sino que se replica en otras regiones, donde el marco de autonomías, implementado en su momento, transfirió competencias sin la correspondiente asignación de recursos, una situación que ha sido objeto de críticas. Se hace un llamado a que el nuevo gobierno busque soluciones de carácter estructural de manera inmediata
