Economista de Tarija alerta deuda pública superará el noventa por ciento con gobierno actual
A pocos días de la elección de nuevas autoridades nacionales, el país se enfrenta a un complejo panorama económico, con proyecciones que indican que la administración entrante heredará una deuda nacional que supera el 90% del Producto Interno Bruto.
La deuda total actual se estima en más de 40 mil millones de dólares. De esta cifra, la deuda externa se aproxima a los 15 mil millones de dólares, mientras que la deuda interna excede los 25 mil millones de dólares. Se ha señalado que la mayor parte de esta deuda interna proviene de fondos institucionales del propio Estado, incluyendo aportes del Banco Central de Bolivia y la Gestora Pública, esta última habiendo sido objeto de cuestionamientos en el pasado. Estos recursos han sido principalmente utilizados para cubrir el déficit estatal.
La magnitud real de la situación financiera del país podría no ser plenamente conocida hasta principios de 2026, una vez que el próximo gobierno inicie una revisión exhaustiva de las cuentas nacionales. Los pagos de esta deuda están programados para comenzar en el primer trimestre del próximo año. Solo a las entidades financieras, la deuda asciende a 3 mil millones de dólares, lo que sugiere que la nueva administración podría verse en la necesidad de buscar nuevos préstamos para afrontar estas obligaciones.
Actualmente, el gobierno en funciones enfrenta dificultades financieras para liquidar la última cuota correspondiente a este año, y el incumplimiento de este pago podría acarrear sanciones para el Estado. Se están realizando gestiones para lograr la aprobación de créditos en la Asamblea Plurinacional, con el objetivo de asegurar el suministro de combustible hasta fin de año y cumplir con los compromisos de pago a los acreedores.
Para las futuras autoridades, se recomienda encarecidamente la implementación de medidas para reducir el déficit fiscal, considerado un problema estructural debido al elevado gasto de funcionamiento. Sin embargo, se ha observado una falta de propuestas efectivas por parte de los candidatos en este ámbito. No se han planteado estrategias para la reducción del personal supernumerario en el sector público, que se estima en más de 600 mil funcionarios. En cambio, las propuestas se han centrado en la suspensión de la subvención al diésel y la eliminación de gastos no esenciales, medidas que, según análisis económicos, no constituyen una solución integral.
Es fundamental que se implementen soluciones estructurales y a largo plazo que brinden certidumbre a la población boliviana sobre una efectiva reducción del déficit fiscal en la próxima gestión gubernamental
