Detención domiciliaria para ex gerente de Emapa y colaboradora investigados por presuntos delitos
Un tribunal judicial determinó medidas cautelares alternativas para Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), y Daniela Arancibia Domínguez, quien se desempeñaba como exfiscal de obras. Ambos deberán cumplir detención domiciliaria y se les impuso una fianza de 50.000 bolivianos, una decisión que inmediatamente generó el rechazo de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. La resolución judicial fue emitida en las primeras horas de la madrugada, tras una prolongada lectura de los fundamentos.
La audiencia, que se extendió por más de nueve horas, tuvo lugar ante el juez Hugo Huacani del Juzgado 11 de Instrucción en lo Penal. Durante la sesión, la parte acusadora presentó los hallazgos de la investigación realizada por el Ministerio de Justicia, mientras que la defensa de los imputados procuró desvirtuar las acusaciones en favor de sus representados, culminando en la determinación de las medidas sustitutivas.
El origen de este proceso radica en las irregularidades detectadas en la construcción y puesta en marcha de la Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa, inaugurada el 20 de septiembre de 2024. En aquella ocasión, el costo de la infraestructura fue anunciado en 162 millones de bolivianos. Sin embargo, la documentación contractual revela una cifra de 148.224.579 bolivianos, lo que marca una diferencia de 13,7 millones de bolivianos respecto al monto declarado públicamente.
La investigación, impulsada por un informe del Ministerio de Justicia sobre la edificación de esta planta en El Alto, desveló diversas anomalías. Entre ellas, se constató que la instalación fue erigida en un terreno cuya titularidad no pertenece a EMAPA, sino que fue cedido por la Alcaldía de El Alto, sin que el derecho propietario haya sido debidamente consolidado. Adicionalmente, el contrato con la empresa constructora sufrió dos modificaciones, incluyendo un cambio en la fecha de inicio de las obras, lo que concedió un plazo extendido a los ejecutores. En este contexto, la participación de Daniela Arancibia Domínguez como supervisora de obras fue relevante.
Seis meses después de su inauguración con actos masivos, una activista ya había señalado en marzo de este año que la fábrica se encontraba inoperativa y sus instalaciones permanecían sin uso. A pesar de una inversión de 162 millones de bolivianos, y la supuesta existencia de 64 empleados distribuidos en dos turnos, el exgerente Flores es cuestionado por no haber garantizado su funcionamiento. La pesquisa anticipa la posible citación a declarar de una veintena de funcionarios vinculados a la construcción y operación de la planta, lo que podría ampliar el número de investigados más allá de los tres principales directivos de EMAPA.
A raíz de estas inconsistencias, el Ministerio de Justicia extendió su investigación al patrimonio de Flores, Arancibia y el administrador Marvel Javier Vargas Ortiz. Se identificó un incremento patrimonial que no guarda relación con los ingresos declarados por los tres funcionarios.
En el caso de Franklin Flores, el análisis de sus finanzas entre 2022 y 2025 mostró que, si bien su salario como gerente de EMAPA sumó 687.730 bolivianos en ese periodo, una de sus cuentas bancarias registró depósitos por 929.635 bolivianos, evidenciando un excedente de 241.905 bolivianos. Las indagaciones apuntan a Mabel M.F., jefa de recursos humanos, como la persona que más contribuyó a estos depósitos, con un total de 136.950 bolivianos.
La situación de Daniela Arancibia Domínguez es igualmente compleja. Durante el mismo lapso (2022-2025), administró cuatro cuentas bancarias en diferentes entidades. Aunque se registraron depósitos por 654.000 bolivianos, el origen y destino de estos fondos no se corresponden con sus ingresos, y al momento de la investigación en marzo de este año, sus cuentas apenas sumaban 15 bolivianos.
Por su parte, Marvel Javier Vargas Ortiz, el administrador, figura como propietario de cuatro vehículos y una vivienda, además de ser socio en una consultora de auditoría que obtuvo contratos con el propio Estado, un hecho que captó la atención de los investigadores. Se detectaron nueve cuentas bancarias a su nombre, en las que recibió un total de 1.499.707 bolivianos entre 2022 y 2025. Dado su nivel salarial, el monto justificable ascendía a 430.315 bolivianos, lo que deja un saldo de 1.069.392 bolivianos sin una justificación clara.
Los tres exfuncionarios enfrentan acusaciones por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito
