Cuestionan modelo económico boliviano alertan crisis tras asesinato en Santa Ana de Yacuma vinculado a Nallar
La tranquila localidad de Santa Ana de Yacuma, en el departamento de Beni, fue escenario este domingo de un fatal ataque armado que cobró la vida de Edgar Dorado Menacho. El individuo era conocido por su presunta vinculación en el denominado caso Porongo, un suceso en el que tres efectivos policiales perdieron la vida y que ha sido asociado con Misael Nallar.
Aunque las autoridades aún no han emitido un informe oficial, las primeras indagaciones sugieren que Dorado había arribado a Santa Ana en las primeras horas del domingo, con el propósito de participar en la festividad patronal de la comunidad movima, una celebración tradicional que tiene lugar cada 26 de julio. Se presume que el ataque, perpetrado con armas de fuego, ocurrió mientras la víctima se encontraba dentro de su vehículo. Las fuerzas del orden han iniciado las pesquisas pertinentes para esclarecer los hechos.
Dorado Menacho había sido señalado como uno de los participantes en el homicidio de dos sargentos y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP), un crimen perpetrado el 21 de junio de 2023 en la localidad cruceña de Porongo. A raíz de este acontecimiento, la justicia lo había declarado en rebeldía, y pesaba sobre él una alerta roja emitida por Interpol para facilitar su aprehensión.
Este lamentable incidente ha traído a la memoria un capítulo sombrío en la historia de Santa Ana de Yacuma, una población que, entre los años 1989 y 1993, fue conocida por servir de refugio a individuos calificados como narcoarrepentidos. Entre ellos se encontraban figuras como Erwin Guzmán, Antonio Naciff, Hugo Rivero Villavicencio, Óscar Roca Vázquez, Jorge Flores Moisés, Alcides Guardia y Felipe Rivero Villavicencio.
Estos individuos se vieron favorecidos por una controvertida disposición gubernamental promulgada durante la administración de Jaime Paz Zamora, una medida cuya gestión recayó en el entonces ministro del Interior, Carlos Saavedra Bruno. Dicha normativa establecía que los beneficiarios debían entregar ciertos bienes como forma de compensación por el enriquecimiento ilícito. Las consecuencias de esta política no tardaron en manifestarse en el ámbito diplomático: Estados Unidos procedió a revocar la visa a Paz Zamora y, posteriormente, a Saavedra Bruno, al considerar que el conocido Decreto del arrepentimiento, emitido en julio de 1991, había beneficiado a personas implicadas en actividades de narcotráfico
