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Audiencia clave hoy por presuntas irregularidades en Setar medidas cautelares en proceso judicial

El proceso judicial por presuntas irregularidades en Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) en Yacuiba, que tramita el Ministerio Público, ha registrado avances significativos. La investigación se centra en Sandra Salazar Márquez, José Eduardo Peralta, Gloria Heidi Montes y Sergio Vladimir Zurita, quienes enfrentan cargos por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y el incumplimiento de deberes.

La denuncia inicial sugiere que se habría favorecido indebidamente a una microempresa para la ejecución de servicios de corte y reconexión del suministro eléctrico. Tras la presentación de elementos probatorios que apuntan a la implicación de los investigados, la Fiscalía ha procedido con la formulación de cargos.

En respuesta a esta acusación, la defensa de los imputados interpuso una objeción procesal. La audiencia para considerar este recurso se llevó a cabo el pasado 3 de junio, donde el juez, tras escuchar a ambas partes, desestimó la objeción. La Organización de Participación y Control Social de Yacuiba, a través de su presidente, ha sostenido que dicha objeción carecía de fundamento legal, afirmando que el Ministerio Público cumplió con todos los requisitos para la presentación de la acusación formal.

La decisión judicial fue apelada por la defensa, lo que trasladó el incidente al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) en la ciudad de Tarija. El 23 de junio, la Sala Penal Segunda del TDJ celebró la audiencia para resolver la apelación. En esta instancia, se ratificó la desestimación de la objeción y se ordenó la remisión del expediente al juez de instrucción a cargo del caso, con el fin de programar la audiencia de medidas cautelares para determinar la situación legal de los imputados.

Se ha informado que la audiencia para la imposición de medidas cautelares se realizará de manera virtual este jueves a las 8:30 de la mañana. El Ministerio Público ha solicitado la aplicación de medidas cautelares de índole personal, que incluyen la obligación de comparecencia periódica ante la autoridad judicial, restricciones de movilidad y comunicación con terceros específicos, así como la imposición de fianzas personales o económicas. Adicionalmente, se ha requerido la anotación preventiva de bienes de los implicados, con el objetivo de asegurar la eventual reparación del daño económico que se hubiera causado al Estado. La expectativa es que estas medidas sean concedidas para garantizar la integridad de la investigación y sentar las bases para una futura acusación formal.

Cabe señalar que, con la excepción de Sergio Vladimir Zurita, quien fue desvinculado, el resto de los funcionarios investigados permanecen en sus puestos dentro de Setar. Se ha expresado preocupación por esta situación, indicando que, pese a las solicitudes de desvinculación de los funcionarios implicados dirigidas al gobernador y al gerente general de Setar, dichas acciones no se han materializado. Se ha sugerido que esta inacción podría interpretarse como una actitud de protección hacia los funcionarios y, a su vez, constituir un posible incumplimiento de deberes por parte de las autoridades, al no haber formalizado una querella en este caso. La normativa vigente exige que las máximas autoridades de las instituciones públicas inicien las acciones legales correspondientes en situaciones de presunta corrupción y daño económico al Estado, y se ha reiterado que tienen la obligación de formalizar una querella y colaborar activamente con las pesquisas

agencianinoticias@gmail.com

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