Asamblea Regional en Riesgo Reducción Presupuestaria Denuncian Intento de Silenciamiento
Una marcada controversia ha surgido en el Gran Chaco en torno a la gestión presupuestaria y las prerrogativas de fiscalización del órgano legislativo regional. La situación se agudiza tras la directriz del Ministerio de Economía y Finanzas, que solicitó un ajuste proyectado del 25 por ciento en los ingresos económicos de las entidades públicas.
En este contexto, la Asamblea Regional del Gran Chaco, cuyo presupuesto asciende a aproximadamente siete millones de bolivianos, afirma haber cumplido con la solicitud ministerial. Sin embargo, la asambleísta María René Barrios ha manifestado que el ejecutivo regional, de manera unilateral e ilegítima, busca reducir el presupuesto de la Asamblea en un 50 por ciento. Esta acción, según la legisladora, vulnera la independencia del órgano normativo y representa un serio atropello a su autonomía.
La asambleísta ha cuestionado abiertamente las motivaciones del ejecutivo, sugiriendo que el verdadero propósito de estas medidas no es la austeridad, sino silenciar la capacidad de fiscalización de la Asamblea Regional. Se argumenta que esta maniobra busca impedir el escrutinio sobre contratos, actos administrativos y posibles irregularidades dentro del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, con el objetivo de obtener una aprobación incondicional de sus iniciativas. La legisladora enfatizó que la mayoría de los proyectos presentados por el ejecutivo carecen de respaldo técnico, informes financieros o estudios legales adecuados, y que la Asamblea no actuará como una mera oficina de trámite. Su rol, se subraya, es el de órgano fiscalizador y normativo de la autonomía, lo que implica no aprobar ciegamente ni ser cómplice de desorden administrativo, una postura que se defiende como cumplimiento de responsabilidad institucional y no como obstrucción.
En respuesta a las declaraciones del ejecutivo regional, José Luis Abrego, quien atribuyó a la Asamblea la responsabilidad por la pérdida de seis millones de bolivianos, la asambleísta Barrios ha desmentido categóricamente dicha afirmación. Explicó que la imposibilidad de utilizar esos recursos no es consecuencia de la acción de la Asamblea, sino de la inoperancia del equipo técnico del ejecutivo, la negligencia en la elaboración de la documentación y la falta de capacidad para responder de manera oportuna a las observaciones planteadas.
La asambleísta detalló que gran parte de los proyectos de modificaciones presupuestarias, convenios o disposiciones normativas regionales (DINOREs) que se remiten al órgano legislativo llegan con errores significativos, sin el respaldo técnico o financiero necesario. Incluso, en ocasiones, la documentación carece de los requisitos básicos establecidos en la normativa nacional. Se ha llegado a devolver la misma documentación hasta en cuatro ocasiones al ejecutivo regional debido a que las observaciones no son corregidas o lo son de manera incorrecta.
Lo que el ejecutivo califica como obstrucción, la asambleísta regional lo define como el estricto cumplimiento de los deberes institucionales, la defensa de la legalidad y la salvaguarda de los recursos del pueblo chaqueño. Se sostiene que si la autoridad ejecutiva no comprende esta perspectiva, es porque no respeta la institucionalidad de la Asamblea Regional del Gran Chaco ni la autonomía que, paradójicamente, dice defender.
Finalmente, la asambleísta reafirmó la inquebrantable determinación de la Asamblea de no ceder ante las presiones. Declaró que continuarán defendiendo la dignidad del órgano legislativo y el respeto al pueblo del Gran Chaco, sin retroceder ni tolerar más abusos
