Gobierno denuncia a Ruth Nina por posibles delitos electorales y terrorismo tras polémicas declaraciones
Las recientes afirmaciones atribuidas a Ruth Nina, en las que se sugiere que el próximo 17 de agosto la jornada electoral podría derivar en un recuento de fatalidades en lugar de votos, han provocado una enérgica reacción oficial. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ha señalado que estas declaraciones podrían constituir una serie de infracciones legales graves.
Según el ministro, las expresiones de la representante de la extinta Pan-Bol configuran un concurso de delitos que abarcan desde la instigación pública a delinquir y delitos electorales, hasta la tipificación de terrorismo. Ríos enfatizó la clara concurrencia de estas transgresiones legales derivadas de las palabras emitidas.
Ante este panorama, se ha instado al Tribunal Supremo Electoral y al Ministerio Público a actuar de manera coordinada para establecer un precedente y formalizar una denuncia contra Nina.
Las declaraciones en cuestión surgieron durante un congreso celebrado en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba. En ese contexto, se reportó que Nina manifestó la preferencia de sacrificar vidas antes de permitir la imposición de candidatos de la derecha, anticipando que en la fecha señalada, las autoridades electorales y el Gobierno contabilizarían decesos en lugar de sufragios.
El titular de Gobierno también hizo una observación sobre la trayectoria política de Nina, recordando que en 2019 ella había calificado a un expresidente como dictador, mientras que en la actualidad se posiciona como una de sus principales defensoras. Esta evolución, según el ministro, permite a quienes aún dudaban, discernir los verdaderos intereses detrás de ciertas figuras políticas.
En este sentido, se ha hecho un llamado a la ciudadanía para no permitir que grupos minoritarios socaven la paz social ni el derecho fundamental a la participación política a través del voto en las venideras elecciones del 17 de agosto. Finalmente, se ha ratificado el compromiso de las autoridades gubernamentales, la fuerza policial y el Ministerio de Gobierno para garantizar la protección y seguridad del proceso electoral
